BLOG ANTI-CORRUPCIÓN | Fiscales a modo. Primera parte
Fiscales a modo. Primera parte
2019-02-12
Una fiscalía que investiga y persigue delitos debe contar con autonomía respecto de la autoridad del presidente, para asegurar que las investigaciones no sean manipuladas por el poder político. Aunque en México fue lograda una reforma constitucional que dio origen a la Fiscalía General de la República, como un órgano que ya no depende del poder ejecutivo, la maquinaria política se impuso ante la elección de un fiscal “autónomo” y de fiscales especiales que protegerán los deseos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Para un país como México, sobre el que Latinobarómetro (2018) ha identificado a la delincuencia y a la corrupción como los problemas más importantes del país, resulta necesaria la existencia de un organismo para investigar y perseguir a los delincuentes que no solamente sea efectiva, sino que se aparte de cualquier conflicto de interés con el poder del presidente de la República.
La Procuraduría General de la República en México (“PGR”), organismo cuyo titular era un miembro más del gabinete, resolvió simuladamente esas expectativas. Eran constantes los reportes sobre la inacción del procurador para procesar casos que tuvieran tintes políticos y sobre la parálisis de cualquier investigación que pasara por esa dependencia.
De las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación hasta 2018 relacionadas con el ejercicio indebido de recursos públicos, 95% de ellas habrían sido desestimadas por la PGR (no fueron consignadas ante un juez o se mantuvieron en reserva). Ya no se diga sobre los casos relacionados con desapariciones forzadas a cargo del Estado o asuntos en donde gobernadores o ex líderes sindicales están o estuvieron relacionados.
La identificación por parte de la sociedad civil de esa inacción y parálisis, trajo como consecuencia una reforma del artículo 102 de la Constitución que anulara los vicios existentes. El resultado fue la creación de la Fiscalía General de la República (“FGR”), como el órgano que a partir de diciembre de 2018 se convirtió en uno constitucionalmente autónomo. La fiscalía no sería un alfil más del presidente.
Sin embargo después de aprobada la reforma, uno de los temas que más crítica generaron por parte de organizaciones civiles como #FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), entre otras, fue que la figura del fiscal general no contaba con autonomía para liderar la Fiscalía con independencia e integridad.
Por más que las voces de la ciudadanía resonaron, éstas no fueron escuchadas en el proceso de designación del fiscal de la República. En contra de la corriente, es Alejandro Gertz Manero el nuevo fiscal. Un ex funcionario de la administración Vicente Fox, ex miembro del equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”) y ex encargado de despacho de la PGR (designado al inicio de la administración por el propio AMLO) será quien lidere uno de los organismos más importantes para los mexicanos.
En un proceso plagado de irregularidades, la evaluación y nombramiento del fiscal general fue espuria, sin un proceso participativo y con un formato en el que los candidatos finales contestaron a las preguntas que quisieron.
En temas relacionados con la autonomía e independencia, fueron solamente cinco preguntas las que Gertz enfrentó. A pregunta expresa de dos senadores, el ahora titular de la FGR sólo aclaró que servirá al país “sin problemas de conciencia” y que su integración al equipo de transición de AMLO fue una simple “invitación con el propósito de que diéramos una opinión”.
Preocupa que el fiscal tenga vínculos con el acumulado poder político del presidente y su proyecto de amnistía en contra de los delitos de corrupción del pasado, y que cuente con la facultad de nombrar a los titulares de las fiscalías especializadas, sobre los que señaló en comparecencia que “no creo que tener una actividad partidista descalifique a nadie” para esos cargos.
La designación de Gertz Manero con base en criterios políticos es un mal augurio para el inicio de la fiscalía, que debía encumbrarse intocada por cuestiones de legitimidad e imparcialidad de quien ejerciera ese cargo. El siguiente evento del Fiscal General de la República que está poniendo los ojos de la sociedad civil es el reciente nombramiento de la primera Fiscal Especial en Combate a la Corrupción, sobre lo que abordaré en la siguiente entrega.
Carlos G. Guerrero Orozco
Fuente: Contribuye a una causa social
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